El 29 de diciembre de 2022 entró en vigor el llamado “Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”, abreviadamente Impuesto a las grandes fortunas, que no se cederá a las comunidades autónomas y que afectará especialmente a las regiones que actualmente bonifican el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Una vez más, parece que se subestima la importancia que tiene el patrimonio para la continuidad y el crecimiento de la empresa familiar.
El tejido empresarial español se compone mayoritariamente (alrededor de un 80%) de Pymes familiares, que generan el 75% del empleo privado. Todos los estudios muestran que la empresa familiar es la base de la economía, el empleo y el bienestar de todos los países. Las empresas familiares son más longevas, más productivas y responsables con el empleo, son las que menos lo destruyen y las primeras en recuperarlo después de una situación de crisis. Las empresas familiares son más resistentes porque las familias empresarias se comprometen aportando los recursos necesarios, sea por aportación directa de capital o mediante créditos avalados con su patrimonio personal. El papel y las características diferenciales de las empresas familiares están reconocidas en la legislación de la Unión Europea, de todos los estados, también en la legislación española.
Nuestra economía está pasando por un momento delicado y la inmensa mayoría de las empresas españolas están en una situación difícil. Esto es especialmente cierto en el caso de las PYMES, en su gran mayoría empresas familiares.
El empresario familiar español sufre una doble imposición, ya que tiene que satisfacer los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, que gravan y penalizan, en definitiva, el Patrimonio Familiar, que ha nacido de los resultados de la empresa y que, por tanto, ya ha tributado, pues satisface el Impuesto de Sociedades, el IRPF y otros impuestos especiales, como toda empresa y persona física.
Cada vez es más claro, en países de nuestro entorno, que el impuesto de patrimonio es un impuesto anacrónico y que lesiona la competitividad de nuestras empresas. Mientras va desapareciendo cada vez de más países europeos, en España hemos vuelto a encontrarnos con una nueva acometida en forma del “Impuesto a las grandes fortunas”, dirigido a las comunidades autónomas que habían decidido bonificar estos impuestos. Son medidas que aumentan la presión sobre las empresas familiares en el peor momento posible, en un contexto de crisis en el que se debería estimular su actividad fundamental.
Especialmente en estas circunstancias, sin duda el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones suponen un torpedo en la línea de flotación de muchas empresas familiares, especialmente las Pymes, que ven penalizado el crecimiento y cuya continuidad a través de generaciones se pone en peligro.
En paralelo, se pone en tela de juicio el valor social del empresario, se ignora su contribución a la generación de riqueza, empleo productivo y a la financiación de las administraciones públicas y el estado de bienestar y, por tanto, al progreso de la sociedad. Reduce las vocaciones empresariales y supone, en muchos casos, el abandono por las nuevas generaciones de la empresa familiar, haciendo imposible su continuidad.
Ante esta situación, las familias empresarias, con ayuda de profesionales especializados sin duda conseguirán mitigar el impacto negativo de este nuevo Impuesto. Pero, en cualquier caso y como en otras ocasiones, harán que sus empresas sigan a flote, con su esfuerzo, y arriesgarán su patrimonio personal para financiar su crecimiento y mantener sus empresas a través de generaciones, conscientes de que son la garantía del servicio a sus clientes y de la supervivencia de sus trabajadores y proveedores, de sus accionistas e, incluso, del Estado, que recibe la contribución de sus impuestos y cotizaciones sociales, contribuyendo, con todo ello, al bienestar de todos los ciudadanos.