Entre las críticas, sobresalen esencialmente dos, que han puesto en pie de guerra a los colectivos más impactados por la reforma. De un lado, que la figura del administrador concursal ya no sea indispensable en los concursos de autónomos y micropymes (menos de diez trabajadores), so pretexto de primar «la agilidad» en el proceso. Y de otro, que Hacienda y la Seguridad Social no solo mantengan sus privilegios en los procesos concursales, sino que incluso los vean reforzados al dejar en sus manos las alertas de detección temprana cuando ambas suelen ser parte de los procesos como acreedores.

Para Luis Martín, socio de Abencys Reestructuraciones y miembro de la junta directiva de Aspac (Asociación Profesional de Administradores Concursales), la reforma que impulsa el Gobierno, que incluye la transposición de la directiva europea de reestructuraciones e insolvencias pero busca ir más allá, no solo no se alinea con la normativa comunitaria, sino que se aleja de ella al diluir el papel del administrador concursal, que en los principios fijados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) figura como «un elemento clave, y aquí se hace lo contrario». De hecho, Aspac advierte de que, si no se producen cambios en el anteproyecto, «los procedimientos concursales desbordarán los juzgados, y la desaparición de la figura del administrador concursal supondría su colapso definitivo y no se podría ayudar a garantizar la continuidad de empresas viables».

Inseguridad jurídica

Amén de la falta de seguridad jurídica que, a su juicio, esto supondrá para los acreedores, «que quedan desamparados en el nuevo marco regulatorio». Un diagnóstico que comparte Alejandro Rey, socio director de RS Boutique Legal, que alerta de que «todo el trabajo vuelve a los juzgados, que van a colapsar, al sacar del concurso a las empresas dedicadas a su gestión». A eso se añade «la supresión de la intervención preceptiva de la abogacía en los procedimientos de insolvencia personal, lo que les priva de la justicia gratuita para obtener asesoramiento», señala Miquel Àngel Alonso.

«La situación es realmente preocupante porque va a haber un descontrol en un montón de pymes», señala Luis Martín, quien avisa de que «vamos a empobrecer nuestro sistema de insolvencia» como consecuencia de ese previsible desorden. La prevalencia de las deudas con Hacienda y la Seguridad, pese a haberse tanteado en un principio su posible eliminación, es otro de los aspectos que levanta ampollas. Así, el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Juan Carlos Robles, censuró días atrás la «injustificada sobreprotección» del crédito público en los concursos y advirtió de que, de no dar marcha atrás en la decisión, se «impedirá a miles de empresas y empresarios particulares alcanzar soluciones de viabilidad». Y es que la posición privilegiada del Fisco y de la Seguridad Social «supone una barrera no justificada al acceso a la segunda oportunidad para los deudores personas físicas», señala Miquel Àngel Alonso.

Precisamente, ésta es una de las principales alegaciones formuladas por la Federación de Autónomos ATA, que reclama que la futura ley incluya la exoneración de las deudas de los autónomos con Hacienda y la SeguridadSocial, esgrimiendo que así lo establece la directiva europea. Para el Consejo General de Economistas, «cualquier privilegio en situaciones de escasez supone en realidad una «apropiación» de los derechos de los demás acreedores», además de un lastre para la supervivencia de muchas empresas. Todo ello en un contexto en el que persiste una elevada «economía sumergida concursal en España», en tanto que «hay más pagos del Fogasa, que proceden de insolvencias, que concursos».

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