Una de las primeras medidas que se deberían tomar es desarrollar el reglamento para la profesión de administrador concursal, de forma que el acceso, el número de profesionales habilitados y su formación sean los adecuados a las circunstancias de la evolución de los procedimientos y el volumen de trabajo existente.

El administrador concursal debe tener conocimiento profundo en ámbitos como el legal, el laboral, el mercantil, la economía de empresa y la gestión, para asegurar que su actuación profesional cumple con la finalidad de la Ley, que sigue siendo la satisfacción del pago a los acreedores, bien en sede de convenio o en sede de liquidación.

En la actualidad hay tres aspectos que inciden en el adecuado desarrollo de los concursos:

• -El primero, según mi criterio, es la calificación, la sección VI, que genera conflictos al tener la decisión sobre las consecuencias respecto de las personas afectadas por las resoluciones de esta pieza, que deben ser resueltas por el juez del concurso. Ello supone que en algunos procedimientos se produzca un sesgo en la apreciación de las posibles causas de culpabilidad de concurso.
• -El segundo aspecto es la importancia del conocimiento del desarrollo del negocio, sus ciclos de producción, sus indicadores básicos y los usos y costumbres del sector en el que opera, sabiendo que la contabilidad es el lenguaje común para entender correctamente las posibilidades de viabilidad del caso.
• -El tercer aspecto es la preparación del concurso por parte del deudor y sus asesores.

La fase de preparación de la crisis empresarial en sede judicial es fundamental para la posible viabilidad de la empresa, pero, hoy en día, en las circunstancias de crisis económica que vivimos, la preocupación del deudor está más cerca de evitar su responsabilidad, tanto en sede concursal, como frente a las posibilidades de derivación de responsabilidad de las administraciones públicas y, adicionalmente, el exceso de tiempo de moratoria, como consecuencia del Covid-19, seguramente empeorará las posibilidades de recuperación de empresas

Por último, la sociedad, el conjunto empresarial, los acreedores, los trabajadores y las administraciones públicas deben entender a los administradores concursales como colaboradores en los procesos de reestructuración, que han de acceder a la profesión con los requisitos que establezca el desarrollo reglamentario previsto en la Ley y que tengan una adecuada retribución, todo ello para que la herramienta de la reestructuración y el concurso de acreedores contribuyan a la recuperación de la economía.