Un paso más cerca para la protección total de los informantes
El pasado 13 de septiembre, el gobierno español aprueba el Proyecto de Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, derivado de la Directiva Europea Whistleblowing. Los informantes se encuentran un paso más cerca de la total protección contra represalias.
Tras la aprobación el pasado mes de marzo de 2022 del Anteproyecto de Ley de Informantes, la ministra de justicia Pilar Llop, aprueba el Proyecto de Ley de Informantes, con algunos cambios en la redacción y varios artículos.
Como requisitos principales, destaca la implantación de sistemas internos de información para administraciones públicas y personas físicas o jurídicas del sector privado a partir de 50 empleados con carácter obligatorio. Además, estos canales deben establecer requisitos de confidencialidad, seguimiento, investigación y protección total del informante ante cualquier infracción. Además, se debe designar un gestor del sistema y comunicar a todos los departamentos de la empresa la existencia y funcionamiento de estos canales.
La nueva normativa establece un estricto régimen sancionador, con multas que van hasta un millón de euros por incumplimiento. En este Proyecto de Ley, se deben tener en cuenta varios factores:
Las administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un canal interno de información deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de su entrada en vigor. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores, así como de los municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo previsto en el párrafo anterior se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.
Los canales y procedimientos de información externa se regirán por su normativa específica resultando de aplicación las disposiciones de esta ley en aquellos aspectos en los que no se adecúen a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Dicha adaptación deberá producirse en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
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Proyecto de Ley de Informantes
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