Vaciero analiza la causa de disolución por pérdidas generadas por el COVID-19
El Gobierno de España aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto-ley 9/2024 (“RDL 9/2024” o “Decreto Ómnibus”), por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
Entre otras, el RDL 9/2024 introducía, en su artículo 5, medidas de carácter mercantil consistentes en la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por el COVID-19. En este sentido, en virtud del apartado 1 del citado artículo, “a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.”
Javier González Campillo, Director del área Mercantil y M&A de Vaciero, ha analizado dichas medidas, que tienen su origen en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que permitía a las sociedades de capital no tener en cuenta a los efectos del citado artículo 363.1.e) de la LSC las pérdidas de los dos citados ejercicios 2020 y 2021, y la posterior extensión hasta el cierre del ejercicio 2024 en virtud del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
El hecho de que esta noticia esté escrita en pasado no es baladí, sino que viene motivado porque la Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, ordenó la derogación del Decreto Ómnibus, y la norma que ha venido a sustituirla, el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no prevé ninguna medida en relación con la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por el COVID-19.
Javier González Campillo afirma que ”la derogación de dicha medida tiene un gran impacto para un importante número de empresas en nuestro país, ya que esto viene a significar que todas las pérdidas generadas durante dichos ejercicios deberán volver a ser computadas los efectos de la causa de disolución por pérdidas establecida en el artículo 363.1.e) de la LSC”.
En consecuencia, a efectos mercantiles, será especialmente relevante para las sociedades y, en particular, para sus administradores, la verificación de si, como consecuencia de dichas pérdidas, la sociedad puede haber visto reducido su patrimonio neto a la mitad del capital social, ya que, en ese caso, la sociedad se encontrará en causa de disolución y será necesario adoptar las medidas oportunas para su corrección. De no hacerlo, los administradores pueden sufrir una derivación de responsabilidad que, en estos casos, será solidaria respecto de la compañía.