La complejidad del proceso y la poca involucración de los bancos, claves de la baja demanda de la línea de avales del ICO
Javier Díaz Gálvez, socio de Abencys, afirma que “después de dos años de serias dificultades y ahora el actual incremento de los costes de las materias primas y la energía, este tipo de medidas, aunque nazcan planteadas para servir de apoyo a las empresas, no llegan a cumplir con su objetivo”.
En 2020, debido al contexto derivado de los diferentes acontecimientos sociosanitarios, el Gobierno aprobó un paquete extraordinario de medidas para paliar los efectos negativos que dichos sucesos estaban provocando en una parte del tejido empresarial español. Así, una de las medidas propuestas por el ejecutivo fue la aprobación de una línea de avales emitidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los créditos concedidos desde el 18 de marzo de ese mismo año.
Y recientemente, los acontecimientos sucedidos en el panorama geopolítico europeo han tenido, de nuevo, un gran efecto negativo en la actividad y estabilidad de muchas empresas españolas. Por ello, el Gobierno ha lanzado una nueva línea de avales al que, bajo la aprobación de los organismos europeos, tenía planeado destinar 10.000 millones de euros. No obstante, estos fondos siguen prácticamente intactos debido a la complejidad de los requisitos, el complejo proceso y la poca alineación de las principales entidades financieras con la medida.
Con esta medida, a diferencia de los tradicionales créditos ICO destinados a financiar a pymes, autónomos y emprendedores en condiciones ordinarias, el Estado no es el órgano financiador. Así, intervienen tres actores en el proceso: el Estado que adopta la figura de avalista y en caso de que la empresa no pueda hacer frente al crédito, será quien asuma hasta un 80% del total del crédito. El ICO, que hace de entidad puente entre el Estado y las entidades bancarias, que son las encargadas de otorgar los créditos a través de los cuales las empresas afectadas pueden tratar de hacer frente a su situación.
No obstante, la demanda de estas ayudas está siendo muy baja y los fondos destinados a esta última línea de avales siguen prácticamente intactos, a dos meses de la fecha límite para solicitarlos. El escaso atractivo de las condiciones de estos créditos, han generado poca involucración en el proceso por parte de las principales entidades financieras del país, de las cuales, al parecer tan solo una entidad ha activado estas líneas. A este hecho, hay que sumarle la exigencia en los requerimientos y controles documentales del ICO y la farragosidad del proceso de solicitud.
Los expertos de la firma jurídica Abencys, apuntan que las empresas, afectadas por el contexto económico y políticos, son las principales perjudicadas al encontrarse con dichas barreras de acceso a las líneas de crédito. Así, las exigencias del ICO y el bajo interés de los bancos en participar en el programa de, provoca que estas ayudas resulten inaccesibles para las propias empresas.
En esta línea, Javier Díaz Gálvez, socio del despacho, asegura que “el principal motivo por el cual la mayoría de los fondos destinados a este paquete de medidas sigue intacto es su deficitaria planificación y aplicación. Así, las condiciones que el Estado impone para erguirse como avalista no son nada atractivas para las entidades financieras, hecho que provoca que estas, ante el potencial riesgo, desestimen la opción de activar las líneas de crédito”. Este hecho, según Díaz-Gálvez, no hace más que perjudicar el tejido empresarial español apuntando que, “después de dos años de dificultades y con el actual incremento de los costes de las materias primas y la energía, este tipo de medidas, aunque estén planteadas para el apoyo de las compañías, no llega a cumplir con su objetivo.”
Malas perspectivas con relación a la refinanciación dentro y fuera del concurso
La nueva Ley Concursal también ha entrado a regular aspectos relativos a las líneas de avales del ICO, y cómo estas pueden afectar a los procesos de reestructuración. Así, esta reforma incluye por sorpresa una novedad legislativa que afecta los avales de los créditos ICO, que puede resultar en que los beneficiarios de estas ayudas respaldadas por el Estado acaben abonando el importe total del crédito al encontrarse involucrados en un proceso concursal o hagan inviable el Plan de restructuración que propongan para supera su situación de insolvencia. Según Javier Díaz Gálvez, “esta disposición adicional obstaculiza que los créditos relativos a este paquete de ayudas, y que están avalados por el Instituto de Crédito Oficial, puedan ser alterados por un plan de reestructuración.”
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Rosa Castro