Las razones son diversas, pero siempre relacionadas con la convivencia, transparencia económica o respeto por valores comunes como la protección del medio ambiente. Así, según este mismo estudio, la mitad de las denuncias en empresas españolas estaban vinculadas con conflictos entre el personal y que necesitaron de la intervención de recursos humanos, el 15% con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos y el 13% con la corrupción.

El 21% de las empresas españolas todavía no cuenta con un canal de denuncias

Según el mismo estudio de EQS Group, el 79% de las empresas en nuestro país cuenta ya con un canal de denuncias. No obstante, España se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea (85%) y de otros países como Francia (95%) o Alemania (82%). La principal motivación de estas empresas que han puesto en marcha medios para comunicar infracciones ha sido el cumplimiento de la ley (78%) seguido del interés por desarrollar una cultura corporativa o entorno más transparentes (66%).

Además, el 84% de estas poseen canales anónimos para denunciar infracciones, dato que reafirma el objetivo de la norma y de las políticas elegidas por estas empresas: los trabajadores necesitan medios seguros para señalar las infracciones normativas, de forma que no sientan que ponen en riesgo su puesto de trabajo o que cualquier compañero o superior pueda tomar represalias en su contra.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los empleados no son los únicos con acceso a estas plataformas de denuncia, y el 79% de las compañías las pone también a disposición de proveedores, clientes, socios y accionistas, garantizando así una mayor transparencia en las relaciones de la compañía con sus stakeholders.

El 58% de las empresas ha realizado cambios en su estructura para adaptarse a la Ley 

En España, el hecho de implementar canales de denuncias ha sido ampliamente adoptado por las empresas, con el 75% de ellas habiéndolo establecido desde hace más de un año, en previsión de la Ley española que surge como resultado de la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes, impulsada en 2019. 

No obstante, esta anticipación y compromiso por parte de las empresas españolas se hace más evidente con el número de empresas que han implementado este canal de denuncias desde hace más de tres años, siendo el 50% de ellas. Al mismo tiempo, la encuesta refleja que el 58% de las empresas encuestadas han realizado cambios en su estructura y políticas internas para adaptarse adecuadamente a la Ley de Protección al Informante, demostrando así un compromiso continuo con la promoción de una cultura de denuncia y la protección de los denunciantes dentro del entorno empresarial.

Sobre la encuesta

La Encuesta de Whistleblowing 2023 se realizó a profesionales de compliance europeos entre marzo y abril de 2023, con el objetivo de comprender cómo las empresas están lidiando con los requisitos de las nuevas leyes de protección a los informantes que entrarán en vigor en toda Europa y qué tan preparadas están para superar los futuros desafíos de cumplimiento. Los encuestados representan una amplia gama de tamaños de empresas, desde pequeñas y medianas hasta grandes empresas con más de 5.000 empleados. En cuanto a la distribución por país  casi el 60% de los participantes estaban ubicados en Alemania, Italia, Francia y España.

La nueva legislación de la Unión Europea sobre denuncias obliga a las empresas con más de 50 empleados, instituciones del sector público, autoridades y municipios con más de 10.000 habitantes a establecer canales internos adecuados de denuncia. Las empresas con 250 o más empleados deben tener un canal de denuncias desde el 13 de junio, mientras que las empresas entre 50 y 250 empleados tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023. 

Contacto:

María Ortega

maria.ortega@eqs.com

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