El Parlamento Europeo ha dado este 2024 un paso trascendental al ratificar la Directiva sobre la Diligencia Debida de las empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD)
Dicha normativa exige a las empresas que implementen sistemas de diligencia debida para alinearse con los derechos humanos y el medio ambiente. La regulación marca así un hito en las políticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos para las empresas que operan dentro de la Unión Europea.
Aunque el resultado no ha cumplido con todas las expectativas iniciales del proyecto, el proceso de negociación que dio origen a este documento representa un avance significativo hacia prácticas empresariales más responsables y sostenibles. La directiva se enfoca en la gestión interna de las compañías y extiende su alcance a las operaciones en toda la cadena de suministros.
Un cambio necesario y urgente
La CSDDD establece el marco para entender las nuevas obligaciones empresariales. Abarca desde su campo de aplicación hasta las penalizaciones posibles y las provisiones para el acceso a la justicia.
El objetivo principal de la regulación es mejorar la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas con el menor coste posible. Así, se aprovechará al máximo el potencial del mercado único europeo para contribuir a una transición hacia un sistema económico y financiero sostenible, inclusivo y alineado con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
¿Quiénes son los principales afectados?
Esta directiva se aplicará tanto a las empresas de la Unión Europea como a las de fuera de la UE que operen en el mercado interior de la misma y que alcancen ciertos umbrales de empleados y volumen de negocio.
Las empresas de gran envergadura, específicamente aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio superior a 450 millones de euros, serán las más afectadas por la nueva normativa.
Implementación progresiva y escalonada
La aplicación será progresiva. Dependiendo del tamaño de la empresa, oscilará entre 3 y 5 años desde su entrada en vigor. Este margen temporal permitirá a las organizaciones adaptarse de forma adecuada a las nuevas regulaciones y ofrecerá un período de ajuste necesario para implementar los cambios requeridos.
Obligaciones y retos para las empresas
Las empresas afectadas tendrán que cumplir con una serie de obligaciones de diligencia debida, entre las que se incluyen la identificación, evaluación y priorización de impactos reales y potenciales, la prevención y cesación de impactos potenciales y reales, y la reparación de impactos ya ocurridos. Además, deberán establecer mecanismos de notificación y reclamación.
Asimismo, se les exigirá cumplir con obligaciones climáticas específicas como la adopción y ejecución de un plan de transición climática o alcanzar objetivos intermedios hacia 2030 y quinquenales hasta 2050, además de reducir las emisiones absolutas de los alcances 1, 2 y 3 (cadena de valor).
Un nuevo rumbo en la gobernanza empresarial
Esta directiva representa un cambio profundo en la gobernanza de la conducta empresarial en la Unión Europea. No solo exige transparencia en la divulgación de información, impone también la obligación de actuar diligentemente para prevenir y corregir posibles daños. Las empresas deberán revisar profundamente sus prácticas comerciales y de suministro y, posiblemente, reestructurar sus relaciones con los socios comerciales para cumplir con las nuevas exigencias.
La Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad no solo impone obligaciones nuevas, sino que también redefine la forma en que las empresas deben abordar sus operaciones diarias. Además de la sostenibilidad medioambiental, también se busca garantizar que las empresas respeten los derechos laborales y humanos en cada paso de su cadena de valor. Las sanciones por incumplimiento podrían incluir fuertes multas y acciones legales, lo que refuerza la importancia de implementar estos cambios de manera efectiva.
Asimismo, supone un cambio cultural dentro de las corporaciones, impulsando una gobernanza más ética y transparente, promoviendo la innovación en prácticas sostenibles, y marcando un cambio en la gestión interna de las grandes empresas.
En conclusión, la directiva es un gran paso hacia la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos, y al mismo tiempo sirve para redefinir la responsabilidad corporativa en el siglo XXI.
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