Derechos humanos & Compliance: Ley de debida diligencia en las cadenas de suministro
Con el objetivo de prevenir infracciones de los derechos humanos y el medio ambiente en las empresas, el pasado 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea presenta la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad. Le contamos cómo afecta esta normativa a su organización.
Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, el principio once establece que “las empresas deben respetar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”, lo que implica “tomar las medidas adecuadas para prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas”. Situándonos en este contexto, la propuesta de Ley de debida diligencia en las cadenas de suministro pretende fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de suministro mundiales, lo que implica auditar a todos los proveedores y terceros que estén involucrados en las relaciones comerciales. Se trata de garantizar el cumplimiento de las normas aplicables en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente para promover una economía global más justa y sostenible, así como una gobernanza empresarial responsable.
En paralelo a la aprobación de esta normativa, en España, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha iniciado los trámites para la elaboración del futuro “Anteproyecto de Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales”. La ley requiere con carácter vinculante y general; la obligación de las empresas españolas de respetar los derechos humanos y medioambientales en las actividades desarrolladas a lo largo de sus cadenas globales de valor y el acceso a la justicia, ante los tribunales españoles, de las víctimas de abusos empresariales, independientemente del lugar en el que se haya cometido la vulneración, eliminando los obstáculos que impiden el adecuado ejercicio de este derecho.
Las nuevas normas de la ley europea se aplicarán a todas las empresas europeas, así como organizaciones de otros países que operan en la UE con 500 empleados o más, con un volumen de negocios neto de al menos 150 millones de euros. En el caso de los sectores de alto riesgo, en los que el potencial de riesgo tanto para las personas como para el medio ambiente es especialmente elevado, los requisitos de la directiva deben ser cumplidos ya por las organizaciones con al menos 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones de euros. Se trata de las industrias textil y del cuero, la agricultura y la silvicultura, la pesca y la minería. A estas industrias se les aplica un periodo transitorio de dos años.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), no están directamente afectadas por la ley, pero sí indirectamente, por ejemplo, como proveedores de las grandes empresas.
Las siguientes personas jurídicas estarán cubiertas por este reglamento: las sociedades anónimas, las sociedades comanditarias por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades financieras reguladas y las compañías de seguros.
En cuanto a la transposición, en los próximos pasos, la propuesta pasará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación. No obstante, los expertos esperan que aún se debata intensamente en el Parlamento antes de que se apruebe la ley sobre la cadena de suministro con posibles nuevas normas. Es probable que esto ocurra en 2023.
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