ABENCYS SOSTIENE QUE LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL INCUMPLIRÁ SUS PROPIOS OBJETIVOS “UNA VEZ MÁS”
Todos sabemos que la interpretación sesgada de la irregularidad contable o la cuantificación del agravamiento de la insolvencia suponen una complicación innecesaria del procedimiento.
El socio de Abencys Reestructuraciones y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Luis Martín, aseguró este lunes que el anteproyecto de la ley concursal incumplirá, “una vez más”, con los objetivos expuestos en el propio texto.
“Creo que el proyecto presentado, tal y como está redactado, no va a cumplir, una vez más, los objetivos expuestos, ello fundamentalmente debido a que el hecho económico es difícilmente doblegable con la ley, siempre que el individuo sea un agente económico y se respete mínimamente la propiedad privada”, explicó Martín.
Asimismo, el socio del despacho de abogados advirtió de que tanto el procedimiento de reestructuración como el especial para microempresas podrían derivar en consecuencias económicas y financieras para las empresas, como la reducción de la financiación espontanea que las empresas ofrecen en sus condiciones comerciales, el incremento del pago al contado o por anticipado para evitar impagos, y ejecuciones singulares.
Luis Martín también recordó que la sección de calificación “siempre es un área de conflicto y de alargamiento de los procedimientos, en algunos casos con intenciones poco claras”. Por ello, opina que la Fiscalía debería encargarse de ella, basándose en los informes de los administradores con un filtro “ajustado a la jurisprudencia y que no pueda usarse como “moneda de cambio”.
“Todos sabemos que la interpretación sesgada de la irregularidad contable o la cuantificación del agravamiento de la insolvencia suponen una complicación innecesaria del procedimiento estando en manos de administradores poco especializados”, prosiguió Martín.
En paralelo, el portavoz de Abencys se refirió a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para incidir en su papel para la detección temprana de insolvencias. “Basta con poder acceder a la información de estas instituciones respecto de las deudas vivas impagadas o los aplazamientos solicitados y sus cuentas anuales”, concluyó.
La solvencia puede verse en peligro
A todo esto se suma que la moratoria concursal, también aprobada, está suponiendo un agravante a la situación. De esta manera, lo que se está pudiendo observar es que cada vez son más recurrentes en el tejido empresarial las empresas zombie que, en realidad, aunque aparezcan en activo, no tienen capacidad para continuar con su actividad.
Por todo ello, es un buen momento para que los empresarios analicen qué situación está atravesando su empresa y traten de implantar, a tiempo, las medidas oportunas, por vía de los mecanismos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Los empresarios deben conocer los diversos tipos de ERTE a los que una empresa se puede enfrentar. En primer lugar, la suspensión de la relación laboral, que supone la necesidad de suspender a parte o totalidad de la plantilla. En segundo lugar, puede darse la reducción de la jornada o los ERTES mixtos en los que parte de la plantilla se encentra en suspensión de contrato de trabajo y otra en una reducción de jornada.
Por otro lado, el empresario debe afrontar la situación real de liquidez que atraviesa su compañía y, en caso de revelarse necesario, acogerse, sin demora, a las distintas vías de amparo que ofrece el Texto Refundido de la Ley Concursal, desde los acuerdos de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pagos, hasta la solicitud del concurso, ya sea con convenio o con liquidación. Y en este último caso, la extinción de los contratos de trabajo con arreglo a la Ley Concursal.
En definitiva, los empresarios deben tener en cuenta qué opciones tienen para salvar la solvencia de su entidad, así como las consecuencias que le supondría cada una. Solo así se podrá llegar a la mejor solución que afecte lo menos posible a la estructura de la organización y que, además, consiga evitar consecuencias que pueden agravar la situación.
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Rosa Castro