El cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos: transparencia y confianza
De cara a mantener una buena reputación empresarial y la máxima confianza y transparencia en las actividades comerciales con terceros, es fundamental proteger los datos personales. Asegurar la privacidad de información privilegiada previene graves daños económicos.
Los datos personales de empleados, clientes o proveedores son una fuente de información estratégicamente útil para los negocios. Con frecuencia, el desconocimiento del uso de estos datos provoca no solo infracciones, sino cuantiosas multas que implican a la larga, una pérdida de prestigio para las organizaciones.
Con el objetivo de conservar el cumplimiento de las normas de protección de datos a nivel europeo, el 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Esta estricta ley de protección de datos pretende imponer obligaciones sobre seguridad de datos a empresas de todo el mundo, siempre que recojan información de personas de la Unión Europea.
En España, el órgano encargado de mantener la normativa de protección de datos es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La agencia, una de las más activas del mundo, interpuso multas a distintas empresas por un valor de 20,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2022. Los sectores perjudicados con multas más altas en España son el sector de servicios e internet, el de la contratación fraudulenta, en asuntos laborales y en las entidades financieras.
A su vez, las causas de infracciones más comunes son:
- Incumplimiento de la regla de minimización de datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
- Tratamiento ilícito de los datos del interesado
- No facilitar información suficiente al interesado sobre el tratamiento que se va a hacer de sus datos
- Falta de integridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos
- Brechas de seguridad en el tratamiento de los datos
El año 2021 fue récord en multas con una cuantía de 35 millones de euros a nivel internacional, y se prevé que 2022 superará esta cifra. Este creciente número de multas ejemplifica la falta de consentimiento en algunos procesos de protección de datos y que aún queda mucho por hacer para proteger a los empleados y partes interesadas de infracciones. El RGPD no se estableció con el objetivo de “castigar” a las empresas, sino de mantener un marco regulador y una protección adecuada de los datos. Solo así se garantiza un futuro transparente para las empresas.
Más información:
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