La contratación pública española está impactando de forma progresiva en los criterios de sostenibilidad de los proyectos de construcción, aunque persiste un claro desequilibrio entre las dimensiones ESG (medioambiental, social y de gobernanza). Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de construcción sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PwC y AENOR, que ha analizado 300 pliegos correspondientes a 100 entidades (24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales). En los pliegos analizados, la sostenibilidad se aborda principalmente desde el punto de vista medioambiental: casi dos de cada tres tipos de cláusulas se centran en esta dimensión (63%), mientras que los aspectos de gobernanza representan el 25% y los sociales apenas el 13%.

La incorporación de una sostenibilidad verdaderamente integral sigue siendo una realidad minoritaria: solo 42 de los 300 pliegos analizados (14%) incluyen al menos la mitad de los 28 criterios evaluados por el Observatorio. De hecho, apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral establecido para el análisis. 

En este sentido, la sostenibilidad en la construcción solo puede entenderse desde una perspectiva integral. La Taxonomía Europea ha ampliado este concepto más allá de la eficiencia energética o la reducción de emisiones, incorporando también criterios sociales y de gobernanza en la evaluación de las actividades económicas. Así, una edificación sostenible debe contemplar el conjunto de su ciclo de vida y de su cadena de valor, desde la fabricación de los materiales y el diseño del proyecto hasta la construcción, el uso, el mantenimiento y su desmantelamiento final; todo ello mediante criterios objetivos que permitan medir y verificar su desempeño de forma global.

Miren Tellería, socia responsable del sector Inmobiliario en PwC, considera que “los resultados del Observatorio muestran que existe una oportunidad clara para que la contratación pública acelere la transformación sostenible en todas las fases del proceso de construcción y pueda ser el catalizador de un gran cambio a nivel país, donde el sector público empieza abanderando y el sector privado pueda continuar”. “Avanzar hacia criterios más equilibrados, medibles y aplicables permitirá mejorar su impacto medioambiental, social y de gobernanza e impulsar la innovación, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de valor”, señala.

Por su parte, Yolanda Villaseñor, directora Corporativa de Certificación de Producto de AENOR, afirma que “las conclusiones del Observatorio reflejan algunos avances en la incorporación de criterios de sostenibilidad a la contratación pública, pero también ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una visión más integral de la construcción sostenible. La contratación pública tiene una enorme capacidad para acelerar esta transformación, incorporando de forma equilibrada criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con objetivos claros, indicadores verificables y mecanismos efectivos de seguimiento. Solo así será posible trasladar los compromisos recogidos en los pliegos a resultados reales y medibles a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios”.

Predominio de los criterios medioambientales

Dentro de las cláusulas medioambientales analizadas, la gestión de residuos es la más frecuente y está presente en el 71% de las entidades de la muestra. Le siguen la adecuación de la obra al entorno (53%), el uso de energías renovables (51%), la eficiencia energética (38%), la elaboración de un informe ambiental (37%) y la gestión de emisiones (32%). En cambio, las certificaciones ambientales de edificación tienen una presencia prácticamente marginal. Por tanto, la gestión de residuos constituye la principal base de la sostenibilidad ambiental en los pliegos, con exigencias que en muchos casos superan el mínimo normativo. Por el contrario, la escasa presencia de criterios relacionados con los materiales, el uso del agua y las certificaciones ambientales mantiene un enfoque parcial, basado con frecuencia en medidas aisladas.

Una dimensión social todavía ligada al cumplimiento legal

Las cláusulas sociales se concentran en solo tres de las 28 categorías analizadas. La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad se identifica en el 97% de las entidades de la muestra y la preferencia por empresas con medidas de igualdad de género, en el 81%, mientras que las medidas de accesibilidad aparecen en el 12%. Los porcentajes de las dos primeras responden principalmente a obligaciones legales y a que suelen utilizarse como criterios de desempate entre ofertas, en lugar de actuar como requisitos con incidencia directa en la ejecución del contrato.