Casi todas las empresas con las que hablamos han pasado, en algún momento, por la misma escena. Un socio que deja de dar explicaciones. Un proveedor nuevo del que conviene saber algo más antes de firmar. Una baja médica que no termina de cuadrar. Un candidato para un puesto sensible. Y, casi siempre, el mismo primer reflejo: abrir el navegador y empezar a buscar.

Es comprensible. Hoy hay una cantidad enorme de información al alcance de cualquiera: registros mercantiles, boletines oficiales, redes sociales, prensa, bases de datos abiertas. A esa práctica de recopilar y analizar información de fuentes públicas se la conoce como OSINT, por sus siglas en inglés. Suena técnico, pero en el fondo describe algo que muchos empresarios ya hacen de forma intuitiva. El problema no es buscar. El problema es lo que ocurre después.

El espejismo de la información abierta

Que un dato sea público no significa que se pueda usar libremente para cualquier fin. Esta es, probablemente, la confusión más cara que cometen las empresas. La normativa de protección de datos —el RGPD y la LOPDGDD— se aplica también a la información que cualquiera puede ver. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado el uso de datos públicos cuando se emplean con una finalidad que el afectado no podía razonablemente esperar.

Dicho de otro modo: la pregunta relevante no es dónde estaba el dato, sino qué se hace con él, con qué finalidad y con qué garantías. Y ahí es donde una búsqueda inocente puede convertirse, sin que la empresa se dé cuenta, en una actividad regulada.

La línea invisible

En España, investigar conductas de una persona concreta por encargo es una actividad reservada por ley. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva la investigación privada a los detectives habilitados por el Ministerio del Interior. La frontera es más sencilla de lo que parece. Una búsqueda se convierte en investigación privada cuando se cumplen, a la vez, cuatro condiciones:

• Hay un encargo de un tercero: existe un cliente y existe alguien a quien se quiere conocer.
• El objeto son conductas o hechos privados de una persona física identificada.
• Se persigue acreditar hechos concretos, obtener algo que sirva como prueba.
• El resultado se plasma en un informe destinado a usarse frente a esa persona.

Cuando concurren los cuatro elementos, da igual que la información provenga de fuentes abiertas: estamos ante investigación privada, y solo un profesional habilitado puede realizarla legalmente. Quien lo hace sin habilitación se expone a sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros por la vía de la seguridad privada, y multas por protección de datos que llegan a porcentajes muy elevados de la facturación anual.

Hay un riesgo añadido, y suele ser el que más duele. Una prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales es nula. No vale nada en un juicio. La empresa ha gastado tiempo y dinero en reunir información que un tribunal no admitirá, y que además la deja expuesta a una reclamación de la persona investigada.

De la información a la prueba

Aquí está, en mi opinión, el verdadero valor de hacer las cosas bien. En inteligencia corporativa, la información solo vale lo que vale su origen. Un dato obtenido sin habilitación, sin trazabilidad o fuera del marco legal no es un activo: es un pasivo.

La diferencia entre saber algo y poder demostrarlo descansa sobre tres pilares que ninguna herramienta ni ningún «analista» improvisado puede replicar:

• Habilitación legal. Operamos bajo licencia del Ministerio del Interior, inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Privada. No es una cuestión de capacidad técnica, sino de legalidad: es una barrera que nadie puede comprar, solo obtener.
• Cadena de custodia. Cada evidencia tiene un origen documentado y una trazabilidad íntegra. Eso es lo que transforma un dato en una prueba.
• Validez procesal. Nuestros informes se sostienen ante un tribunal, con la ratificación pericial del investigador. El trabajo no termina en un PDF: termina, si hace falta, en el estrado.

A esto se suma un doble control que aplicamos en cada encargo: el de la legitimidad de la actuación y el del tratamiento lícito de los datos. Ambos a la vez, documentados desde el primer minuto.

Una recomendación honesta

No todo requiere una investigación. Buena parte de las dudas que nos llegan se resuelven con orientación, con sentido común o con una simple verificación que la propia empresa puede hacer dentro de la ley. Cuando es así, lo decimos. Y cuando el asunto cruza la línea —cuando hay que acreditar hechos sobre una persona y que eso aguante en un procedimiento—, es precisamente entonces cuando conviene parar antes de actuar.

Buscar está al alcance de cualquiera. Convertir lo que se encuentra en una prueba defendible, no. Esa es la línea que separa un dato de una decisión bien fundada, y vale la pena conocerla antes, no después.

Si te enfrentas a una de estas situaciones y no sabes de qué lado de la línea estás, en ALPA MK GROUP analizamos tu caso con discreción y te decimos con franqueza si necesitas una investigación formal o basta con una orientación. Esa conversación inicial no cuesta nada y suele ahorrar muchos disgustos.